Fotografía: Radio Progreso (2020)
Por: Gisell Vásquez
Si hay algo que persiste en Honduras son las crisis, la mayoría de éstas provocadas por el equívoco ejercicio del poder político, la prevalencia de intereses particulares en la administración pública, y un modelo de desarrollo ajeno a las necesidades de la mayoría de la población.
Honduras no ha logrado consolidar un Estado democrático y garante de derechos fundamentales para sus habitantes. Al contrario, al año 2020, se puede afirmar que vivimos en un Estado capturado por grupos de poder político y económico, que gobiernan únicamente para acrecentar sus patrimonios personales, en contraposición a un Estado de bienestar.
Indicadores nacionales (aún con la dudosa reputación de las estadísticas oficiales), e internacionales hoy ubican a Honduras en la lista de los primeros lugares a nivel latinoamericano: primeros en desigualdad, pobreza, violencia e inseguridad, impunidad, corrupción, hambre, falta de competitividad, migración irregular, etc.
El desgaste inducido de las instituciones públicas y la eventual mercantilización de los bienes y servicios públicos, el control desmedido del Poder Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado, la soberanía del nepotismo y clientelismo político en la administración pública, la ejecución de políticas sociales asistencialistas e insostenibles como estrategias político partidarias para mantener y ganar simpatía frente a potenciales votantes (pues en Honduras la mayoría de los gobernantes permanecen en constantes campañas políticas para reelegirse una y otra vez), la ilegitimidad e inefectividad gubernamental, la injerencia y aplicación de agendas internacionales político-económicas como la del Fondo Monetario Internacional (partiendo de las medidas implementadas en el país en la época de los 90s enmarcadas en el Consenso de Washington), han sido potentes motores para la formación de un Estado degradado, ausente para la gente, antiético y antidemocrático.
Durante los últimos nueve meses, Honduras no solamente ha sufrido los efectos de condiciones preexistentes, sino, que también elementos vinculados a sucesos como: la pandemia por la Covid-19 (enfermedad provocada por un virus, y esparcida a nivel mundial), y las fatídicas consecuencias de los fenómenos naturales ETA e IOTA, agudizadas por la incompetente, ineficiente, y escasamente transparente gestión gubernamental.
El hartazgo e indignación colectiva hacia el Gobierno crece, aunque la misma no se ha logrado canalizar o concentrar en la organización y unión ciudadana masiva para realizar acciones contundentes y exigir el estricto cumplimiento y respecto a los derechos plasmados en la Constitución de la República, o la exigencia de la renuncia y sanciones pertinentes para funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción e incompetencia en el ejercicio de sus funciones.
Honduras se encuentra en un estado crítico, en donde sobran los problemas y las soluciones parecen utopías. Diversos sectores proponen como medida urgente, la elaboración e implementación de un plan de reconstrucción nacional, que por cierto, no es la primera vez que se propone, después del Huracán Mitch surgieron estas iniciativas en donde se trabajó en la estructuración y ejecución del “Plan Maestro de la Reconstrucción y Transformación Nacional”, posteriormente en la “Estrategia para la Reducción de la Pobreza”; proyectos millonarios y apoyados financieramente por la cooperación internacional, pero al final sus resultados fueron fallidos, no por sus estrategias y contenido, sino por “quienes los ejecutaron” y los “fines” de dichos actores.
Por la acumulación de este tipo de experiencias, sumadas a hechos actuales, en el país no solamente se ha fortalecido la desconfianza hacia los Gobiernos, sino que se ha trasladado a diversos sectores, incluyendo partidos políticos, en esta línea se observa como el fervor por ejercer el sufragio decrece, los niveles de abstencionismo son significativos, los autodenominados apartidistas cada día suman más. Lo curioso es que la colocación de estos puntos en la opinión pública no provoca debate para la búsqueda de posibles soluciones, sino que generan reacciones con alto contenido de inmadurez política y ausencia de objetividad, principalmente por parte de líderes y militantes de partidos políticos, quienes denominan como ataques posturas ciudadanas que son efectos de la débil cultura y educación política en el país, aunado a las diversas fracturas que los gobiernos han provocado en Honduras, la cuestionable oferta propositiva de los partidos políticos, propiamente, la prevalencia de caudillismos en los mismos, etc. Estos elementos constituyen una invitación a dichas instituciones políticas a renovar sus paradigmas y capacidad de respuesta propositiva a una sociedad con diversidad de fracturas que van desde lo político hasta lo espiritual, y lograr con ello avanzar hacia una democracia representativa esperanzadora y efectiva.
Los desafíos para Honduras son complejos, porque muy posiblemente estamos atravesando una de las peores crisis de nuestra historia, las soluciones deberán plantearse para tres periodos de tiempo (inmediato, mediano y largo plazo). Pero el gran reto descansa en el “como” y “quienes lo harán”. Y es en esta parte en donde el rol ciudadano es fundamental, si bien es cierto que estamos cerca de la celebración de procesos electorales, la magnitud de la problemática hondureña sugiere que las elecciones, aunque necesarias no son suficientes ni garantes de la voluntad popular (hasta la fecha las reformas electorales siguen inconclusas, la institucionalidad electoral es débil, lo cual alimenta la probabilidad de repetición de hechos ocurridos en el año 2017) y solución frente a la crónica crisis. La necesidad de un nuevo pacto político, económico y social cada día es más visible, pero para ello es necesario la voluntad y compromiso político en el establecimiento de desafiantes consensos (por los altos niveles de polarización política-social y desconfianza generalizada) y búsqueda de objetivos comunes entre diversos sectores representativos de la sociedad, en los cuales deberá prevalecer como ejes estratégicos la ética, centralización de la dignidad humana, acciones dirigidas a reducir desigualdades e injusticias sociales, y la consolidación de un modelo de desarrollo con identidad propia que responda a las necesidades del país y no a la adopción de recetas importadas de otros contextos y realidades o dictadas por organismos internacionales.
Con base a lo anterior, resalto, que quienes han sido parte del problema, no deben estar involucrados en la búsqueda de soluciones. Un consenso o proceso de reconstrucción con corruptos o causantes de las crisis históricas y actuales, constituye otro boleto a un vuelo que aún no logra despegar: Democracia hondureña.
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