Por: Econgis
Recuerdo que hace un tiempo atrás, el actual “presidente” de Honduras en uno de sus discursos, dividió al país en dos categorías “La Honduras de aquí” y “la Honduras de allá” y aunque probablemente eso no lo haya ensayado, el subconsciente traicionó su mitomanía y terminó expresando la situación real del país
Y es que efectivamente, en Honduras prevalece una desigualdad crónica reflejada no solamente en los ingresos, sino en variables como género, etnia, zona geográfica, etc. Según datos del Banco Mundial mediante la utilización del coeficiente de Gini (indicador que mide desigualdad en los ingresos) al año 2019, Honduras se ubicó dentro de los tres países más desiguales de América Latina.
Asimismo, es uno de los países latinoamericanos con mayores niveles de pobreza (7 de cada 10 hondureños se encuentra en esta situación) especialmente pobreza extrema. Según el Instituto Nacional de Estadística (2019), 3.7 millones de personas viven en esta condición, de las cuales el 67% reside en zonas rurales.
La desigualdad y pobreza en el país son dos problemáticas que no han recibido la atención política, económica y fiscal necesaria para revertirlas, hasta la fecha se han enfrentado con medidas paliativas u orientadas a generar simpatía con potenciales votantes. Esto también como resultado de una creciente crisis de gobernabilidad, gobernanza, y sobre todo ética en el manejo de recursos públicos y formulación e implementación de políticas públicas.
Por otra parte, el modelo político y económico del país se ha enfocado en garantizar privilegios y negocios a élites de poder, cuyo costo ha sido la desigualdad, pobreza y exclusión de oportunidades de la mayoría de hondureños; quienes ven como su única salida emigrar de Honduras en busca del llamado “sueño americano”, pese a los riesgos inherentes a esa travesía.
Lo señalado en párrafos anteriores, no es una tendencia reciente, de hecho, son dinámicas históricas y persistentes, y considerando la actual coyuntura en el país (pandemia por COVID-19), se reitera que Honduras ya venía atravesando una situación crítica a nivel político, económico y social, y que este fenómeno, no solamente vino a agudizar la problemática, también logró visibilizar aún más las condiciones preexistentes (un sistema de salud en abandono y colapsado, un mercado laboral mayormente informal, poder adquisitivo de la población insuficiente para cubrir necesidades básicas, limitado acceso a servicios de agua potable, hacinamiento de las viviendas, pobreza, violencia doméstica, brechas tecnológicas y de acceso a internet (limitantes en la educación pública, principalmente), corrupción e impunidad, clientelismo político, debilidad institucional, políticas públicas que promueven la desigualdad, exclusión social y migración, entre otros). Y en adición a lo anterior, es importante mencionar que la crisis futura en el país (después del COVID-19) proyecta ser más compleja y desafiante.
Por ello, es imperante la necesidad del involucramiento de todos los sectores representativos de la población hondureña, para consensuar una agenda política orientada a la definición o redefinición de un plan de país integral y estructural que promueva el bien común; y eventualmente su estricta implementación. Con la finalidad de construir Estado de Derecho y una real democracia.
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