Por: Sergio Álvarez
Análisis de estructura, procesos y actores
La dinámica política hondureña está lejos de acercarse al ideal democrático. Se cuenta con una democracia electoral que cumple con la función básica de la selección de los gobernantes de forma periódica, sin embargo el poder del Estado es muy limitado para ofrecer a los ciudadanos una gobernabilidad mínimamente satisfactoria. Esto ha sido aprovechado por el crimen organizado que ha irrumpido con fuerza en buena parte del territorio nacional, lo que explica en gran medida el dramático incremento en el número de homicidios que ha experimentado el país, especialmente después de 2006.
La clase política se articula en torno a los poderes locales que consolidan alcaldes y diputados a través de la reelección y los recursos que logran repartir en sus distritos. Esta dinámica ha generado figuras políticas territorialmente importantes que ejercen una suerte de caciquismo aceptado por los principales actores, bajo el amparo de los principales medios de comunicación, que en la mayoría de los casos pertenecen a familias arraigadas en la clase política nacional; y que se encuentra claramente vinculado al aparato partidista nacional.
Este reparto de poder en lo local, abona un equilibrio relativamente pluralista que conviene a buena parte de las élites. En este contexto, la figura presidencial adquiere importancia en la medida en la que tiene capacidad de pacto con esos poderes locales. Mientras no era posible la reelección, el Ejecutivo tenía poca capacidad de maniobra a largo plazo, lo que se complicaba por la propia debilidad del aparato estatal y la magnitud de los retos y problemas que sigue enfrentando una de las naciones más pobres de la región.
En este contexto, la institución militar sigue siendo un elemento político importante, por la debilidad del aparato estatal y por la falta de comprensión de su misión por parte tanto de las elites políticas, como de la propia institución. Su participación en tareas de seguridad pública o desarrollo no han reflejado un grado de eficiencia suficiente, como muestra el aumento de las tasas de homicidios en el país, a pesar de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Sin embargo los diferentes presidentes, probablemente ante la frustración que genera el no ser capaces de obtener resultados por otros medios, han seguido encargando misiones de diferente corte a la institución militar, e incluso en determinados momentos han tratado de manipularla políticamente a su favor.
El golpe de Estado de 2009 se explica en ese contexto. La utilización política de las Fuerzas Armadas, su empoderamiento y su estrecha relación con el presidente de la República abonó que ante el cambio de las circunstancias, actuara erróneamente de forma deliberante como “árbitro” de la situación. La crisis provocada por unos y otros se extiende hasta hoy, y ha generado un factor de división muy importante en la sociedad hondureña que costará superar.
Sin duda, el golpe de Estado en Honduras desnudó la fragilidad democrática oculta tras casi tres décadas ininterrumpidas de elecciones y las dificultades para la consolidación institucional en un país golpeado por la desigualdad y la pobreza. Pero también permitió el surgimiento de un inédito movimiento de resistencia que, aunque germinal, heterogéneo y sin un único liderazgo, ganó fuerza y capacidad de articulación en la lucha contra el gobierno de facto.
Como consecuencia de esta crisis política surgieron dos nuevos partidos importantes a partir de las elecciones de noviembre de 2013. El partido Libertad y Refundación (Libre), que organiza políticamente a todos los grupos y movimientos que formaron parte del Frente Nacional de Resistencia Popular, afín a Manuel Zelaya, así como a muchos liberales decepcionados, y el Partido Anticorrupción (PAC), integrado mayoritariamente por gente insatisfecha con el sistema político, liderados por el comunicador social Salvador Nasralla.
Los dos obtuvieron resultados destacados en las elecciones generales y cuentan con una importante presencia de diputados y regidores que se extiende en todo el territorio nacional. Sin embargo, no han cambiado las reglas del juego, ya que también han articulado su propuesta en base a su liderazgo carismático. La lógica clientelar autoritaria y los cacicazgos locales siguen presentes y es difícil que esa situación se modifique en el corto plazo. Por otra parte los partidos tradicionales han aguantado el reto y, ahora, el partido Nacional tiene mayoría en el Congreso Nacional y todas las alcaldías importantes del país.
Antes de 2017, en Honduras existía la prohibición constitucional de la reelección presidencial, con penas muy severas para quienes la promovieran. La única posibilidad impulsarla era mediante una consulta popular y con previa aprobación de la reforma constitucional por el Congreso Nacional en una legislatura y ratificación en la siguiente. Nada de esto se hizo para que el actual presidente pudiera participar en las elecciones del 26 de noviembre y de hecho, cuando en 2009 el presidente Zelaya Rosales (2006-2010) intentó impulsar ese proceso, lo castigaron con un golpe de Estado que lo sacó del poder y del país.
No obstante, Hernández logró, desde la Presidencia de la República, que la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados eran y son controlados directamente por él, “interpretara” la Constitución y avalara un fallo que permite la reelección. Esto fue ratificado por el Tribunal Superior Electoral, que selló de esa manera la violación de la Constitución de la República, frente al silencio de las mismas fuerzas que habían avalado el golpe de Estado de 2009 en circunstancias similares: fuerzas armadas, cúpulas religiosas, dueños de medios de comunicación, líderes de gremios empresariales y Congreso Nacional (controlado también por el partido de gobierno).
La experiencia acumulada en los últimos años hizo que la ciudadanía, indefensa ante las instituciones del Estado –en particular, ante una Corte Suprema de Justicia subordinada y controlada por los intereses político-partidarios–, intentara por la vía electoral un cambio de grandes dimensiones que fuera capaz de restaurar la esperanza de vencer el fraude que se gestaba. El gran desafío era desmontar el fraude electoral, desafiar a la maquinaria del Estado y poner en evidencia su incondicionalidad ante un partido y, específicamente, ante un candidato de ese partido.
De ahí la articulación de una Alianza de Oposición a la que luego se denominó Alianza de Oposición contra la Dictadura, que apostó por un cambio tendiente a recomponer el Estado de derecho y rescatar la institucionalidad aprisionada por los partidos tradicionales y los grandes intereses económicos que giraban en torno de estos. También se intentaba frenar la escalada acaparadora de Hernández, quien hizo de la compra de conciencias de funcionarios claves, medios de comunicación y líderes políticos y religiosos un hecho normal y cotidiano.
La certeza ciudadana de la existencia de un gran fraude electoral, tal como lo habían anunciado desde la articulación de la Alianza de Oposición, y la constatación de que nuevamente el gobierno se saldría con la suya, burlando la voluntad de los electores que acudieron a votar de forma masiva, pacífica y esperanzada, motivaron la salida a las calles para ejercer el derecho constitucional a la “desobediencia civil a un gobierno usurpador”.
Desde entonces, la comunidad internacional fue reconociendo de forma cautelosa a Hernández. Desde Honduras, con gran parte de la ciudadanía indignada por la corrupción, la impunidad, la violencia y el fraude electoral, se sigue acumulando ese sentimiento de desamparo que se arrastra desde hace mucho tiempo, a la espera del momento propicio para estallar en un contexto nacional e internacional plagado de cinismo, pragmatismo y servilismo.
Finalmente, el 23 de enero de 2019, el Congreso Nacional aprobó las reformas constitucionales para modificar el modelo electoral. Estas reformas implican la supresión del TSE y la creación de dos nuevas figuras: el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, institución que tendrá el mismo poder que la Sala de la Corte Suprema de Justicia para resolver cualquier conflicto que surja en esa materia. Las reformas para garantizar la transparencia y credibilidad de los procesos electorales se aprobaron (con algunas discrepancias, ampliamente debatidas) con 107 votos a favor y 16 en contra, y los nuevos órganos se aprobaron con 111 votos a favor y 12 en contra.
Después de analizar los efectos de la crisis en el sistema de partidos y en los procesos electorales, así como la situación socioeconómica, surge la pregunta sobre las posibilidades de la consolidación de la democracia en Honduras. Resulta difícil establecer cuándo una sociedad ha alcanzado ese nivel y, desde la ciencia política, el debate sigue abierto, aunque parece haber consenso sobre dos condiciones genéricas: que las reglas del juego político sean aceptadas por los actores sociales y que la democracia incida favorablemente sobre el cambio social.
La consolidación democrática se constata por la evidencia y predictibilidad de la estabilidad de un sistema político, cuya gobernabilidad mejora. La gobernabilidad concierne a las condiciones y capacidades de una sociedad para procurar la eficiencia en la provisión de políticas y servicios públicos de calidad, en un marco de inclusión, participación y deliberación ciudadana en la esfera pública. Es decir, la gobernabilidad acompaña el proceso de consolidación política, en tanto implica la existencia de capacidades de gestión democrática.
Al analizar la evolución política de Honduras 10 años después del golpe de Estado de 2009, se observa que su sociedad no ha logrado entrar en una senda de consolidación democrática. El país enfrenta déficits institucionales y sociales significativos en el marco de una crisis continuada que parece no tener salida. Las elecciones de 2017 evidenciaron el agotamiento del sistema y del modelo electoral vigente desde 2006, y la cuestión de la reelección sigue sin estar resuelta. En suma: durante la década 2009- 2019 los gobiernos han experimentado un aumento de la conflictividad socioeconómica por las demandas ciudadanas, no solo contra la impunidad, sino también por lograr más bienestar social.
Construcción de escenarios
Partiendo de la información anterior, propongo dos escenarios:
Escenarios no. 1
El presidente Juan Orlando se postula como candidato del Partido Nacional a la presidencia de la República por tercera vez consecutiva, considerando que 1) la ley se lo permite, 2) su partido es el mayoritario y el mejor organizado, 3) los funcionarios judiciales y electorales están controlados, 4) cuenta con el apoyo financiero de un empresariado fuerte y leal, 5) tiene protección del aparato militar y policial, y 6) se enfrenta a una oposición fragmentada, con líderes desgastados o pocos conocidos y sin recursos para enfrentar un proceso electoral competitivo. El presidente vuelve a ganar y es reconocido por la comunidad internacional.
Escenarios no. 2
Considerando que la oposición está fragmentada, con líderes desgastados o pocos conocidos y sin recursos para enfrentar un proceso electoral competitivo, y que el presidente Juan Orlando Hernández busca la tercera reelección consecutiva, sin considerar el clamor y el repudio de las mayorías, nuevos líderes de la sociedad civil persuaden a las masas para movilizarse en contra de los partidos tradicionales y sus líderes, dando comienzo a una guerra civil.
¿Vos qué opinas? Te aliento a construir tu propio escenario en comentarios…
La Segunda guerra civil de Honduras o “Revolución Reivindicatoria” fue el conflicto armado más cruel e intenso que tuvo lugar en la república de Honduras en 1924.
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