Por: Econgis
En el mejor de los escenarios se espera que la política y la economía estén al servicio de las personas, no al revés. Sin embargo, la historia y el presente de Honduras nos indican que hemos dejado estos asuntos en manos equivocadas.
¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? Estas tres preguntas básicas en la ciencia económica, son trascendentales para definir el rumbo de un país y su gente; Daren Acemoglu y James Robinson indican en su libro “Por qué fracasan los países” la importancia de analizar cómo se toman realmente estas decisiones, quien las toma, y porque estas personas deciden hacer lo que hacen. Y es en esta línea donde entramos al campo de la política y su directa relación con la economía ¿En la praxis cómo ha respondido Honduras a estas interrogantes?
Pues bien, definir un modelo político – económico claro y exacto para Honduras es complejo, hasta la fecha las dinámicas de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción convergen en la presencia de un modelo político – económico híbrido. De acuerdo al The Economist Intelligence Unit, existen algunos elementos democráticos (celebración de elecciones) pero se ha perdido varios de los componentes esenciales del Estado de derecho y del imperio de la ley; acercándose gradualmente al autoritarismo. Además, de acuerdo a The Heritage Foundation y Wall Street Journal, el país tiene un índice de libertad económica de 61.1 ubicándole en la categoría “moderadamente libre”, pero a una distancia de 1.2 puntos porcentuales para pasar a la condición “mayormente regulada”.
Muy lejos estamos en Honduras de alcanzar un Estado de bienestar emanado de una real democracia, y respeto al Estado de Derecho, centralizando como aspecto esencial la dignidad de las personas, al menos no, si decidimos como nación continuar con el sistema actual, y dejando que quienes han mal dirigido el país continúen haciéndolo. Hoy somos espectadores indignados; unos más que otros, de las fatídicas consecuencias de las decisiones y acciones de actores cuya finalidad ha sido obtener utilidades propias a costa del detrimento de las oportunidades de la mayoría de la población, su afán desmedido por la acumulación de poder y plata han condenado al Estado a una condición disfuncional.
El abismo entre el “deber ser” y lo que realmente “es” cada día se profundiza. Tanto, que elementos expresados en la Constitución de la República hoy parecen líneas llenas de utopías y espejismos: “Honduras es un Estado de Derecho, constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura, y el bienestar económico y social” (artículo 1)”, “la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable” (artículo 59).
Pero la realidad nos demuestra que el ejercicio del poder político en el país, ha tenido como común denominador la centralización de beneficios y privilegios para un reducido grupo de actores y sectores, en detrimento del bienestar de las mayorías. Sin dejar de mencionar que junto a estas dinámicas se ha consolidado una estructura cleptocrática (la corrupción es endémica), junto a un visible autoritarismo y control presidencial en los demás poderes del Estado, respaldado por el poder militar.
El sentimiento en el que hoy convergemos la mayoría de hondureños es en la profunda sed de justicia en todas sus formas posibles, consecuencia de factores como la desmedida mercantilización de nuestros recursos naturales y bienes públicos como la salud y la educación, la reiterada violación a nuestros derechos humanos, la imperante corrupción e impunidad, el inducido deterioro del tejido social, en fin ¡la lista es interminable! Cada hondureño siente en su ser las consecuencias de las decisiones políticas y económicas dictadas por élites nacionales, así como organismos internacionales que durante décadas han impuesto medidas de índole económico, fiscal y monetario con efectos sociales contraproducentes.
Las personas y su dignidad no se ubican en el centro de la economía política y políticas públicas de Honduras, siendo esto una de las raíces de problemas sociales prevalecientes como la pobreza y desigualdad. En palabras de Thomas Piketty en su libro capital e ideología:
La desigualdad no es económica o tecnológica, es ideológica y política, dicho de otro modo, el mercado y la competencia, los beneficios y los salarios, el capital y la deuda, los trabajadores cualificados y los no cualificados, los nacionales y los extranjeros, los paraísos fiscales y la competitividad no existen como tales. Son construcciones sociales e históricas que dependen completamente del sistema legal, fiscal, educativo, y político que decidimos establecer. Estas decisiones dependen, sobre todo, de la interpretación que cada sociedad hace de la justicia social y de que entiende por una economía justa, así como de las relaciones de poder políticas e ideológicas entre los diferentes grupos y discursos presentes.
La comprensión de las raíces de los problemas es un primer paso para forjar un camino diferente; la mayoría de condiciones y situaciones que pasan actualmente en el país (migración, pobreza, desempleo, subempleo, violencia, la precariedad de los sectores salud y educación, debilidad institucional, discrecionalidad y opacidad en el manejo de recursos públicos, entre otros) no son la raíz de la problemática, son efectos del sistema que impera.
Es claro que urge la construcción de un país democrático y respetuoso del Estado de derecho porque hasta la fecha Honduras no ha conocido realmente que es vivir en democracia, aunque la celebración de elecciones se le parezca. En Honduras la supuesta democracia existente dura un día (el día que usted y yo vamos a marcar una papeleta, y la insertamos en una urna, lo que pasa después, ya muchos lo sabemos). Infortunadamente hemos estado en un ambiente en donde sobra el autoritarismo, populismo, caudillismo, que en ningún caso abonan a la consolidación democrática de la nación; y estos elementos no solo ocurren en los partidos que han gobernado, también es una tendencia en la mayoría de partidos políticos que aspiran dirigir el país. La decadencia de la credibilidad en partidos políticos de Honduras es evidente, tanto, que muchos ciudadanos no solo no se sienten representados, también han optado por la abstinencia electoral. Situación que debería llevar a los líderes políticos a replantear sus discursos, propuestas, y estructuras internas.
A manera de reflexión final, no existen recetas únicas y exactas para resolver la crisis política y económica prevaleciente en nuestro país; sus raíces son profundas. Pero algo que sí es seguro es que las soluciones deben ser construidas en conjunto, porque el sistema político-económico imperante se alimenta de manera profunda de la desunión y/o indiferencia ciudadana en asuntos públicos. En el más pronto de los escenarios debemos replantearnos la urgente necesidad de realizar cambios estructurales en los tres poderes del Estado. Ya no es aceptable seguir manteniendo funcionarios, diputados, etc. que no han respondido a las necesidades de la mayoría de la población.
Seguidamente, es importante evaluar y conocer las potencialidades de nuestros territorios y nuestra cultura y de tal forma priorizar en una planificación de país (no de Gobierno, como se ha venido realizando históricamente) que se traduzca en políticas públicas orientadas a garantizar los derechos políticos, económicos, sociales, y culturales de la población.
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